Más de medio centenar de personal con responsabilidad política o técnica en ayuntamientos llegados de toda Andalucía se dan cita en Montilla en una jornada diseñada para unificar criterios en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en las corporaciones locales. “Entre los objetivos de esta jornada está el de sensibilizar al personal político y técnico de los gobiernos locales sobre la importancia de generar una cultura preventiva en el marco de las administraciones públicas, que son las más cercanas a los vecinos, y su utilidad como modelo para la ciudadanía”, ha indicado la alcaldesa de Montilla y vicepresidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Rosa Lucía Polonio.

El encuentro, inaugurado por la regidora, está organizado por la FAMP y enmarcado en el Proyecto Prevenlo. Este proyecto está financiado por la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Prevenlo se firmó en noviembre de 2006 “y promueve medidas para mejorar las condiciones de trabajo, a la par que combate la siniestralidad laboral”, ha recalcado la también vicepresidenta de la FAMP. EN base a este programa, desde 2007 se han llevado a cabo diversas actuaciones como la confección de una página web dedicada a formación. “Con estas jornadas pretendemos, entre otras cosas, fomentar una auténtica cultura preventiva que involucre a toda la sociedad en su conjunto”, ha remarcado la alcaldesa.

Rosa Lucía Polonio ha insistido en que “los gobiernos locales cumplen un doble papel en relación a la aplicación de la normativa preventiva: por un lado en su dimensión empresarial, deben aplicar esta normativa entre su personal; por otro lado, en aplicación del principio de cooperación, tienen un papel importante en la aplicación de la política preventiva”. La alcaldesa ha destacado asimismo que entre los objetivos del encuentro también se encuentra el de concienciar a las autoridades políticas y técnicas de la obligación de cumplir la normativa preventiva con respecto al personal empleado de los gobiernos locales, “analizar los derechos, deberes y responsabilidades en materia de prevención de los ayuntamientos e intercambiar buenas prácticas para la solución de problemas preventivos concretos entre los gobiernos locales”.