En el pleno celebrado anoche se aprobó por unanimidad de todos los grupos la nueva ordenanza reguladora del régimen de autorizaciones urbanísticas y actividades del Ayuntamiento de Montilla, por la que según explicó la 1ª Teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, se pretende “dar mayor fluidez a los ciudadanos que piden iniciar una obra o una actividad en concreto”.
Según explicó la Teniente de alcalde, se trata de ordenar la organización en el Ayuntamiento en relación a las licencias urbanísticas, que hasta ahora “era una regulación dispersa en diferentes ordenanzas”, por lo que se “incorporan a la normativa local las modificaciones estatales y autonómicas que prevén además de las licencias otras figuras como las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, controles anteriores y posteriores” de estas licencias.
Con ello “se clarificarán los procedimientos en materia urbanística”, se tendrán “modelos concretos de peticiones de licencias urbanísticas” y se garantizará que la Administración sea cada vez “más cercana, más ágil y con unos procedimientos regulados” aunando la normativa.
En otro orden de cosas, en el pleno de anoche también se aprobaba por unanimidad la moción presentada por Izquierda Unida, a través de su portavoz, Rosa Rodríguez, en defensa de la Sanidad Pública y del Hospital de Montilla, con algunas modificaciones del texto que solicitaba el grupo Popular, a través de su portavoz, Federico Cabello de Alba, por considerar algunas afirmaciones “juicios de valor”, contenido sin el que finalmente el texto de la moción salía adelante.
En dicho texto aprobado por todos los grupos “se insta a la Junta de Andalucía a que dé cumplimiento al acuerdo firmado por el Viceconsejero y la Delegada Provincial de Salud de la Junta de Andalucía con fecha 15 de julio de 2022, en el que se comprometían a la división de la actual macroárea sanitaria del sur de Córdoba en dos áreas de menor tamaño, una que dé cobertura a la Subbética, y otra a la Campiña”. Y también a “dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de la comarca afectada, Campiña cordobesa, al Parlamento Andaluz y al Gobierno de la Junta de Andalucía”.
