El Pleno aprueba una bajada del sueldo de la alcaldesa, concejales y personal de los grupos de entre un 7 y un 3%

por | Nov 20, 2015 | Uncategorized

Los sueldos que perciben la alcaldesa, los concejales liberados y el personal administrativo de los grupos municipales del Ayuntamiento de Montilla se reducirán entre un 7 y un 3% en cómputo anual, después de que haya sido aprobado por unanimidad en Pleno la medida acordada por la Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). La regidora, Rosa Lucía Polonio, recordó en la sesión plenaria que su salario será un 7% menor, mientras que el de los tenientes de alcalde Emilio Polonio y Aurora Barbero se verán mermamos en un 6%. También explicó que el concejal de Deportes y los portavoces con dedicación exclusiva de los grupos políticos cobrarán un 5% menos y los auxiliares administrativos aproximadamente un 3% menos.
 
 “De esta manera los sueldos de la alcaldesa, de los concejales liberados y del personal administrativo de los grupos, sufre una reducción igual a la que corresponde a los empleados públicos del Ayuntamiento de Montilla  que cuenta con un salario similar al de los cargos electos, en aplicación del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno por el que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público”, añadió.
 
Rosa Lucía Polonio insistió en que, aunque la Corporación montillana “se ha caracterizado durante este último mandato por ser un ejemplo de austeridad al tener sueldos bajos y además congelarlos durante los dos últimos años, esta medida se adopta en solidaridad con el país y con los empleados públicos”. Antes de que el Pleno aprobara la iniciativa, la alcaldesa y los concejales liberados del Ayuntamiento de Montilla percibían entre un 17 y un 27% menos del tope salarial aprobado el pasado 3 de junio por la FAMP, de la que Rosa Lucía Polonio es vicepresidenta segunda,  para los municipios de entre 20.000 y 99.000 habitantes como medida para combatir la crisis económica siguiendo las disposiciones del decreto aprobado por el Gobierno central en el que regula la bajada de los salarios de los funcionario públicos.