El Teniente de Alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena, junto con la parlamentaria andaluza Elena Cortés, han visitado esta mañana las dependencias de los Servicios Sociales Comunitarios de Montilla y del Centro de Atención Infantil Temprana de esta localidad.

Desde hace tiempo la parlamentaria nos mostró su interés por conocer el funcionamiento de los Servicios Sociales y del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Montilla y hoy se ha podido realizar, para que conozca mejor cuáles son los servicios que prestamos a la ciudadanía de Montilla, así como las instalaciones con las que contamos”, ha indicado Francisco Lucena.

Durante la visita Elena Cortés ha mostrado mucho interés por conocer el CAIT y ha defendido que “la administración debe implicarse para garantizar la integración social de estos niños con necesidades especiales especiales, incrementando no sólo las aportaciones a los CAIT, sino también con más monitores en las escuelas la bajada de las ratios en las aulas”.

Además ha añadido la necesidad de garantizar a estos niños en el futuro el empleo “ya que corresponde a la administración garantizar la integración de estas personas, ya que el sistema actual por si sólo no lo hace”. En este sentido ha ido más allá al defender que son las madres las que tienen que abandonar normalmente su puesto de trabajo para atender a sus hijos con necesidades especiales, “lo que influye en el futuro en que al no haber trabajado ni cotizado no pueden tener una pensión”.

Cortés ha recordado que se va a comenzar a tramitar en el Parlamento la Ley de Personas con Discapacidad “que debe permitir dar un salto cualitativo a los derechos de estas personas”.

Durante su estancia en Montilla, la parlamentaria ha transmitido al responsable de Bienestar Social su deseo de reunirse en el futuro con los distintos colectivos y asociaciones de Montilla que desarrollan su actividad en este ámbito, “para poder trasladar al Parlamento las propuestas que demanda este colectivo”.

 

Por último ha defendido que la prestación de los servicios para el colectivo de discapacitados debe hacerse desde la propia administración o bien a través de entidades sin ánimo de lucro “para que se garanticen los derechos la prestación correcta del servicio a estas personas”.